Apenas unos miles de abonados, todos ellos pensionistas con pagas muy bajas, se acogen al abono social de Telefónica (denominación oficial del bono). La cifra ha ido descendiendo bruscamente. Desde el medio millón que tenían derecho a este descuento a principios de este siglo, se pasó a 284.000 en 2007, a 63.000 en 2013, y a los 33.301 de finales de 2017. Las razones de este descenso no son que la llamada pobreza energética, que permite que casi 2,5 millones disfruten de un descuento en la factura de la luz, afecte más a los ciudadanos con menos ingresos que la pobreza telefónica, sino que los requisitos para poder acceder a las ayudas en telecomunicaciones son mucho más restrictivas que los del recibo eléctrico.
