El Gobierno y Ciudadanos sellaron en agosto del año pasado un pacto de investidura que recogía una revisión en profundidad de la eficacia y la eficiencia de todos los capítulos de gasto, lo que en la jerga se conoce como spending review. En abril, el Ejecutivo remitió a Bruselas su compromiso de llevarlo a cabo. Y anunció que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se encargaría de esta misión. Solo que el reto de revisar una por una todas las partidas parecía inabarcable. De hecho, en Italia esta tarea se había empantanado por querer examinarlo todo. De modo que se decidió centrar primero el foco en las subvenciones, una rúbrica que en 2015 alcanzó los 33.000 millones incluyendo el gasto en farmacia no hospitalaria, que ronda los 10.000 millones.
