Sería una ingenuidad o una negligencia grave suponer que la tensión independentista en Cataluña, instigada por el Govern de Carles Puigdemont, no tiene ya consecuencias dañinas para la economía española y, en particular, para la catalana. Los hechos son tercos: las reservas turísticas en Barcelona están cayendo entre un 20% y un 30%, las empresas catalanas más emblemáticas han cambiado de sede, existen indicadores preocupantes de caída del consumo inmobiliario a corto plazo —que sí tendrá impacto directo e inmediato en la recaudación fiscal de la Generalitat—, la entrada de inversiones en el mercado catalán está desacelerando y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten de una posible ralentización de la economía española si el procés se prolonga o se estanca sin solución a la vista.
