La reciente decisión del Tribunal Constitucional de avalar que Navarra pueda expropiar viviendas a empresas cuando hayan estado desocupadas dos años está levantando ampollas en el sector inmobiliario. No ha sido la única disposición polémica del Alto Tribunal, que también permitió al Ayuntamiento de Barcelona en marzo pasado retomar la expropiación de pisos para el alquiler social. Algunos aplauden la medida y ven en ella una forma de ampliar el parque de vivienda pública de alquiler, limitar el alza de los precios y evitar que las familias con economías modestas sean expulsadas del mercado. Pero el sector cuestiona su eficacia y recuerda que estamos en un momento delicado, en el que la subida del precio de venta y del alquiler hace temer una nueva burbuja descontrolada.
