La negociación de los Presupuestos Generales del Estado ha vuelto a restituir la actualización de las pensiones con la inflación para 2018 y 2019 y ha retrasado la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad (FS) hasta 2023. Aunque conviene ser prudentes y esperar a conocer las recomendaciones del Pacto de Toledo, algunos medios y expertos hablan de una derogación en la práctica de la reforma de 2013. Más allá de que se trata en cualquier caso de una decisión legítima en términos políticos, ya que corresponde precisamente a los representantes de la sociedad en el Congreso configurar un pilar tan importante del Estado del bienestar como es el sistema de pensiones y reducir incertidumbres con la aprobación de los presupuestos, creemos que es necesario evaluar y dar a conocer las implicaciones económicas de estas medidas anunciadas en materia de pensiones.
