Hay pocas cifras sobre el impacto de la nueva legislación en la economía, pero las que hay marean. Un estudio de Deloitte en 2013, cuando el proyecto estaba en tramitación (y elaborado por encargo de la Plataforma de la Industria de Datos, que reúne a grandes empresas del sector) hablaba de la pérdida de 65.000 millones de euros en el PIB (un 0,4% del total) y la eliminación de 1,3 millones de puestos de trabajo. Cinco años después, y con el reglamento ya aprobado, aún no hay una estimación general. «Uno de los motivos por los que es difícil cuantificar el efecto es el que cada empresa está tomando un camino diferente para adaptarse», señala Catherine O’Neill, de Citi.
