Nadal explicó que el Gobierno prepara de manera urgente un decreto ley para solventar la decisión del Tribunal Supremo que anula el modelo de financiación de la ayuda. Hasta ahora, los 200 millones de euros que anualmente cuesta la medida —que llega a 2,5 millones de hogares— la sufragan ciertas empresas que generan y distribuyen energía. Hace un mes, el Alto Tribunal dio la razón a E.ON España y a Endesa al considerar que no pueden cargar estos pagos solo determinadas compañías y, además, ordenó que se les devuelva el dinero entregado desde 2014, unos 500 millones. Energía pretende ahora que el reparto se haga entre todas las empresas y evitar cargar a sus Presupuestos del año que viene el coste del bono social.
