El Gobierno ha pactado con los separatistas de ERC crear una comisión bilateral que persiga, en palabras de Rufián, acabar con lo que él llama el «paraíso fiscal que se ha montado la derecha en Madrid». Dicho pacto es fruto, junto con otras muchas cesiones del presidente Sánchez, de la necesidad de contar con los independentistas en su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ese pacto constituye un ataque a las competencias madrileñas y a su autonomía financiera, enmarcada en la Constitución, en la LOFCA y en la ley del Sistema de Financiación para las regiones de régimen común. Esto es insólito, por no hablar de los argumentos falsos de Rufián. ¿Qué dirían el PNV o ERC si fuese Madrid la que tratase de imponer en el País Vasco o en Cataluña una política económica? Imagínense. Leer
