La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impulsada por los organismos comunitarios a comienzos de la crisis del coronavirus para dar algo de tregua a las economías nacionales y cuya vigencia está prevista, al menos por ahora, hasta 2022, da como mínimo un año de tregua a España en lo que a la recepción de los fondos de reconstrucción se refiere. Una vez que los socios tengan que volver a la senda fiscal, sin embargo, el desembolso de los más de 140.000 millones de euros a los que opta España entrará en zona de riesgo habida cuenta de que la Comisión y el Consejo se guardan un as bajo la manga para poder cerrar el grifo de hasta un cuarto de los fondos comprometidos cuando uno de los socios incumpla los objetivos de reducción de déficit.
