El Ministerio de Empleo y los agentes sociales llevan a la greña desde hace tiempo a cuenta de los fondos de Formación y su destino. Uno de los capítulos de esta disputa se está desarrollando ante la Defensora del Pueblo. Esta historia arranca cuando la patronal catalana Cecot recurrió al Sindic de Greuges catalán para conocer el destino de los fondos de formación que Empleo recauda por la cuota del 0,7% sobre la base de cotización. Esta institución autonómica, regida por Rafael Ribó, entendió que la petición era un competencia estatal y remitió la reclamación a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
