La IATA, en su última convención anual celebrada el pasado diciembre, exigió a los Estados, y entre ellos a España, que suscriban el llamado Protocolo de Montreal, que define perfectamente cada una de las infracciones y permite a las aerolíneas llevar los casos graves a los tribunales, cubriendo las lagunas legales de la normativa vigente, que data de la Convención de Tokio de 1963.
