«La gravedad del delito cometido atendiendo al impacto macroeconómico producido determina que, en aras a evitar la impunidad, sea necesario el ingreso en prisión de los cinco condenados». Con esta frase, en un breve auto, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional argumenta la decisión de arrestar y mandar a la cárcel a cuatro exdirectivos y un asesor jurídico de Novacaixagalicia (NCG) que se concedieron a sí mismos antes de marchar de la entidad indemnizaciones por 22 millones de euros. Desde el lunes, y después de que la policía tuviese que ir a buscar a sus domicilios a algunos de ellos, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Óscar Rodríguez Estrada cumplen la pena de dos años dictada por el Supremo en la prisión pontevedresa de A Lama, y Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas (el asesor), en la madrileña de Soto del Real.
