Como resultado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016, algunas organizaciones políticas, con el Gobierno a la cabeza, han puesto en funcionamiento un decreto ley por el que se regula un procedimiento extrajudicial con el que dar solución a las reclamaciones que se van a producir en relación con las llamadas cláusulas suelo.
