Sus bienes, su patrimonio, su dinero en cuentas bancarias, su inversión en criptomonedas… Todo lo adquirido durante años por una persona fallecida puede volatilizarse si nadie lo reclama. En 2020, la Administración Pública se embolsó casi 67 millones de euros de herencias de patrimonios sin sucesores y de las cuentas bancarias abandonadas, la mayor cifra desde que el Ministerio de Hacienda tiene registros.