Los decretos ley como el de los estibadores, que el Gobierno aporbó ayer para romper el monopolio en el sector de la estiba, requieren ser convalidados por el pleno del Congreso antes de 30 días, es decir, necesitan que la mayoría simple de la Cámara vote a favor, aunque entrará en vigor en cuanto se haya publicado en el BOE tras el Consejo de Ministros. Sería muy excepcional que el Congreso rechazara un decreto ley de un Gobierno.
