No ha sido una buena semana para el Gobierno en Bruselas. La Comisión Europea rechazó el martes que el catalán, el gallego y el euskera se convirtieran en lenguas oficiales de la UE, mientras lanzaba un serio aviso al Ministerio de Economía para que no paralice la opa del BBVA sobre el Banco de Sabadell.
En ambos casos, las actuaciones de Pedro Sánchez obedecen a su necesidad de cumplir el precio que le exige Junts para seguir contando con su apoyo en Madrid y los mandatarios comunitarios han entendido que no hay razones para saltarse las normas y las costumbres de los veintisiete.
A nadie se le escapa que la inclusión del euskera y el gallego en la petición de España a Bruselas no era más que una comparsa a la exigencia de los independentistas catalanes. Tras las elecciones del 23 de julio de 2023, los socialistas se movieron por tierra, mar y aire para situar a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados y el partido del prófugo Carles Puigdemont fijó el precio de la transacción en conseguir que el catalán formara parte de las lenguas oficiales de la UE. Un pago anticipado al que luego se añadirían la Ley de Amnistía y, para contentar a ERC, la entrada de la caja fiscal a la Generalitat de Cataluña, para apoyar la investidura de Sánchez.
En todos los casos, el Gobierno era consciente de que eran metas muy difíciles de conseguir, pero con el lema de «hacer de la necesidad virtud», firmaron todas las letras que les pusieron los separatistas encima de la mesa. En el caso del catalán, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llegó afirmar en una intervención pública que era «la prioridad número uno» de la acción exterior del Ejecutivo. Y lo dijo sin parpadear y sin que se le cayera la cara de vergüenza.
Por eso, a nadie extrañó que este martes, tras el sonoro fracaso en Bruselas, Albares se llenara de furor patriótico catalán y afirmara que la negociación no había terminado y que antes o después lo iban a conseguir. Además, en la entrega de despachos de nuevos miembros de la carrera diplomática, y en presencia del Rey, marcó como objetivo prioritario para los nuevos diplomáticos «trabajar para conseguir la oficialidad de las lenguas oficiales en Europa». Como si no hubiera asuntos más importantes que tratar.
Ayer, el presidente del Gobierno se reunía con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen y, tras hacerse la foto oficial, se fue sin conceder la habitual conferencia de prensa ante los corresponsales españoles en Bruselas. No tenía nada de lo que presumir.
El caso es que siete de los veintisiete miembros de la UE habían mostrado el martes su oposición a la pretensión de Puigdemont, tramitada por Albares, y España decidió aplazar la votación a la próxima reunión del 24 de junio. Una cumbre en la que, además, se tendrán que tomar importantes decisiones en materia de defensa y seguridad en Europa. Asuntos decisivos de verdad. Italia, Alemania, Finlandia, Suecia, Croacia, Austria y la República Checa, fueron muy claros al explicar que para aceptar la propuesta española era necesario modificar los tratados de la UE. Incluso Francia se desmarcó de la proposición española.
Como es habitual en estos casos, desde el gobierno, sus socios de investidura y los rapsodas habituales en la prensa, se señaló al PP por haber maquinado para evitar la propuesta española. Olvidan, sin duda, que para tomar decisiones que afectan a los tratados es imprescindible una unanimidad de los veintisiete que no van a conseguir. Pero eso es algo que ya sabían cuando aceptaron el precio que les exigía Puigdemont. Ya se está convirtiendo en costumbre la firma de letras que nunca van a poder pagar.
Se da, además, la circunstancia de que los defensores de las lenguas oficiales en España no son capaces de hacer cumplir la ley y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que el 25% de la educación se realice en español. Salvador Illa, atrapado entre los fuegos independentistas, promete conseguir la oficialidad en la UE, pero se niega a que sea una realidad en Cataluña.
La presión de los independentistas ha causado otro choque con las autoridades comunitarias. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció el martes que el Gobierno ponía en marcha el proceso para tomar una decisión respecto a la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell (tras una vergonzante consulta popular) y recibió el varapalo inmediato de la Comisión Europea. «No hay razones que justifiquen el bloqueo o el rechazo» de la operación, decían fuentes oficiales de Bruselas. Destacaban que la fusión había recibido el visto bueno del Banco Central Europeo, el Banco de España y la Comisión Nacional de la Competencia.
A nadie se oculta que la oposición oficial a una operación de mercado que deben decidir los accionistas del Sabadell, obedece a una nueva exigencia de los partidos independentistas catalanes. Este Gobierno no puso pega alguna a la fusión entre La Caixa y Bankia, porque la entidad resultante quedaba bajo el mando catalán. Pero ahora es el Sabadell el que será absorbido y Junts y ERC lo consideran una afrenta. En la nota de prensa que difundió Economía el martes, pusieron entre las razones para analizar el interés general, «la cohesión territorial». Una broma de mal gusto en una decisión que pone en mal lugar a las autoridades competentes que han analizado la operación hasta el más mínimo detalle y han obligado al BBVA a asumir determinados compromisos.