La Autoridad Macroprudencial, el organismo público dedicado a prevenir crisis sistémicas en el sector financiero español, cree que la dana de Valencia no ha tenido un impacto negativo sobre la demanda ni sobre la oferta de crédito en las zonas afectadas por la catástrofe.
La Autoridad Macroprudencial (Amcesfi), el organismo público dedicado a prevenir crisis sistémicas en el sector financiero español, cree que la dana de Valencia no ha tenido un impacto negativo sobre la demanda ni sobre la oferta de crédito en las zonas afectadas por la catástrofe, según detalla en un informe en el que evalúa las consecuencias de las riadas.
La institución anticrisis compara la exposición crediticia previa a las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y su evolución en los meses posteriores. Y la conclusión es que los cerca de 27.500 millones de euros en créditos que los bancos contabilizan en estas zonas (un 2,2% de todos los préstamos del sector financiero español) se han mantenido estables por lo menos hasta febrero de este año (últimos datos disponibles).
Desglosada por categorías, la mayor parte de la exposición crediticia de la zona afectada consiste en hipotecas (casi 13.000 millones de euros). La otra gran partida son préstamos y financiación concedida a pymes (más de 5.700 millones). Todas las partidas han evolucionado sin grandes incidentes desde que ocurrió la catástrofe, tal y como reflejan los datos proporcionados por Amcesfi.
«En cualquier caso, no se observan cambios significativos en las exposiciones en el sector bancario en los meses transcurridos tras la dana«, señala el informe, que constata que a finales del año pasado se había registrado un crecimiento del volumen de préstamos del 1,2% con respecto a las cifras de septiembre de 2024 en las zonas afectadas, un dato «algo superior» al del conjunto de España en ese periodo.
La Autoridad Macroprudencial, no obstante, matiza que un análisis «más granular» podría revelar comportamientos «diferentes» del flujo del crédito.
Recursos
El organismo anticrisis señala que la magnitud tan extraordinaria de la dana obligó a la puesta en marcha de medidas como las moratorias al pago de intereses y del principal en los préstamos de los afectados, así como líneas de avales por hasta 5.000 millones de euros por parte del Instituto de Crédito Oficial.
También dentro de este paquete de medidas, el sector bancario español extendió hasta los 42 meses el Código de Buenas Prácticas a los hogares afectados por las inundaciones y considerados como en riesgo de vulnerabilidad. Esta solución está dando amparo financiero a las familias residentes en las zonas impactadas por la dana.
Más allá del sector bancario, el informe de la Autoridad Macroprudencial incide especialmente en el papel de las aseguradoras agrupadas en torno al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que hasta el 30 de abril (últimos datos disponibles) habían hecho 104.949 propuestas de pagos sobre un total de 134.858 expedientes asignados.
Todos estos trámites han significado el abono de más de 1.157 millones de euros por parte del sector asegurador. La inmensa mayoría de estas indemnizaciones (un 95,5%) corresponden a daños en vehículos. También se suman los perjuicios sufragados directamente por el CCS, que a raíz de la dana ha pagado más de 2.765 millones, una cantidad equivalente a nueve años de gestión ordinaria por parte de esta institución.