La Comisión Europea toma nota de la decisión del Gobierno de imponer restricciones adicionales a la opa de Sabadell por parte de BBVA y lanza un aviso: utilizará «sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembro».
Así lo reconoce un portavoz del Ejecutivo comunitario consultado por EXPANSIÓN sobre los últimos acontecimientos relativos a la operación. La pregunta obvia ahora es si la Comisión considera que el Gobierno cuenta con razones que justifiquen esta intervención para endurecer las condiciones de la operación corporativa bancaria o si, por el contrario, actuará para revertir esta situación.
Existen algunas pistas sobre cuál es su posición. Hace un mes, fuentes comunitarias señalaban que no conocían «ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación» y que, por lo tanto, esperaban que el Gobierno se alinease con el resto de autoridades (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Banco Central Europeo) que ya habían dado luz verde a la compra de Sabadell.
«Cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público», aseguran desde la Comisión.
Bruselas, que tiene abierto un procedimiento de diálogo con España por esta cuestión, deberá decidir ahora si las condiciones impuestas amenazan la libre circulación de capitales en la UE y, por lo tanto, justifican abrir un procedimiento de infracción con el envío de una carta formal. En última instancia, este proceso podría acabar con el Ejecutivo comunitario denunciando al Gobierno ante el TJUE si no se resuelve antes.