La Corte Suprema rechaza dos de las tres apelaciones relacionadas con la financiación de vehículos, de manera que sector esquiva el peor escenario.
Victoria parcial de las entidades financieras británicas, Santander UK entre ellas, en el caso de los coches, sobre financiación de vehículos. La Corte Suprema ha dado la razón a la banca en dos de los tres casos que se fallaban hoy al concluir que no tienen responsabilidad en las comisiones ocultas (el argumento rechazado consistía en que las comisiones abonadas vendrían a ser un soborno y que los concesionarios tenían un deber de lealtad con el cliente), mientras que en el tercero sí que se otorga una compensación individual porque la comisión pagada era demasiado alta.
La consecuencia inmediata para la banca británica es que esquiva el peor escenario y las indemnizaciones que deberá afrontar, que todavía se desconocen, serán sensiblemente menos elevadas de lo que algunos analistas habían previsto. En esencia, se limita la magnitud del problema, pero no evita que las entidades deban indemnizar a millones de consumidores.
Más allá de las indemnizaciones que se puedan derivar de las sentencias conocidas este viernes, queda por saber la reacción de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que podría establecer compensaciones, previsiblemente limitadas, por los conocidos como acuerdos de comisiones discrecionales (DCA). La FCA dijo que publicaría un esquema para resarcir a los usuarios en un plazo de seis semanas desde que se conociera el veredicto.
Las sentencias conocidas hoy, justo al cierre del mercado, hacen referencia a tres casos que afectan a las entidades FirstRand Bank y Close Brothers, aunque todo el sector daba por descontado que se trataba de los antecedentes que se aplicarán al resto, incluido Santander UK. La Corte de Apelaciones ya se pronunció en los tres casos referidos a favor de los clientes en cuestión y, tras el recurso de los dos bancos afectados, es la Corte Suprema la que ha tomado cartas en el asunto.
Existe incertidumbre sobre el impacto real, que en todo caso será muy inferior a las decenas de miles de millones de libras a las que se referían algunos analistas. Por ejemplo, los HSBC hablaban de 44.000 millones de libras (50.500 millones de euros).
Qué es el ‘caso de los coches’
El caso de los coches se refiere a la financiación que las entidades otorgaron para la adquisición de vehículos en la que las comisiones que cobraban los concesionarios estaban vinculadas al tipo de interés, de manera que, en la práctica, se incentivaba que el crédito fuese más caro. Dichas cláusulas eran desconocidas por los clientes o estos no tenían la suficiente información.
Estos acuerdos de comisiones discrecionales se sucedieron en Reino Unido entre 2007 y 2021, año en el que fueron prohibidas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés). En ese periodo, se cerraron 25,9 millones de préstamos para adquirir vehículos, de los que 14,6 millones contenían esas polémicas cláusulas, con comisiones por 8.100 millones de libras (9.300 millones de euros), según la FCA.
Hasta el momento, las entidades británicas han provisionado en torno a los 2.000 millones de libras (2.300 millones de euros). En el caso de Santander UK, son 295 millones de libras (339 millones de euros), pero Lloyds ha apartado 1.200 millones de libras. Les siguen Close Brothers (165 millones de libras), Barclays (90 millones) e Investec (30 millones).
El temor del Gobierno británico
El Gobierno británico buscaba que la sentencia no hiciera daño a la banca. Su temor era que unas indemnizaciones desorbitadas pudieran llevarse por delante a algunas entidades o que estas abandonasen el mercado de financiación de vehículos, que es habitual en un 80% de las compraventas en Reino Unido. Además de la banca, también respira la titular de Hacienda, Rachel Reeves, de cuyo ministerio se filtró que preparaba un cambio legal retroactivo para amortiguar el enorme impacto que finalmente no tendrá el caso de los coches sobre parte de la banca británica.
Un portavoz del Tesoro británico ha asegurado que ahora el Gobierno «trabajará con los reguladores y la banca para comprender el impacto sobre la industria y los consumidores» y ha recordado que se van a introducir cambios en el Defensor del Pueblo financiero y en la Ley de Crédito al Consumo para «proporcionar un entorno regulatorio más consistente y predecible para empresas y consumidores a la vez que asegure que los productos que se venden a los clientes de forma justo y clara».
En el momento de publicar esta información, Santander UK todavía no se había pronunciado. El banco había advertido en sus cuentas semestrales de que la sentencia probablemente le obligaría a ajustar el importe que había provisionado.