El banco asume en el último año un impacto de casi 1.700 millones como consecuencia de sentencias o acuerdos extrajudiciales en Reino Unido, Brasil y EEUU.
Santander, a través de su filial de oficinas Uro Property, ha asumido costes de 120 millones de euros para cerrar el pleito que mantenía desde 2022 con los acreedores de su participada.
En 2020, el banco tomó el control de Uro y aportó más de 1.000 millones para cancelar la deuda de la inmobiliaria. Tras ello, los antiguos bonistas de Uro reclamaron, además, el pago de una prima adicional de 250 millones, que Santander rechazó abonar. Tras la negativa del banco, los bonistas demandaron a Santander en los tribunales británicos y bloquearon las garantías de la deuda: más de 630 sucursales del banco en España, así como los ingresos generados por su alquiler.
Tras tres años de disputa judicial, Santander y los bonistas de Uro rubricaron a inicios de este año un pacto para poner fin al pleito.
Santander, a través de Uro, ha registrado un gasto estimado en 120 millones de euros en relación con el litigio con los bonistas y relativos al acuerdo extrajudicial, que incluye una compensación por la amortización anticipada de la deuda, y las costas y servicios originadas por la modificación de las condiciones de los bonos.
Tras el acuerdo extrajudicial y la finalización del litigio, certificado por los tribunales en enero, se ha cancelado la hipoteca que existía sobre las oficinas y sobre las cuentas corrientes de Uro donde se ingresan los alquileres de las sucursales.
Uro es propietaria de 673 oficinas, con un valor de 1.611 millones de euros. La mayoría de las sucursales está alquilada a Santander. Hay 20 locales arrendados a terceros y 11 sin alquilar.
La contingencia por 120 millones del pleito de Uro eleva a cerca de 1.700 millones el impacto sufrido por el banco en el último año como consecuencia de sentencias judiciales o acuerdos al margen de los juzgados.
En julio del pasado año, Santander llegó a un pacto de 450 millones con los antiguos exempleados de Banespa para zanjar un litigio laboral de hace 25 años por el pago de bonus pendientes desde 1996.
En octubre, el banco también acordó el abono al fondo activista Elliott de 150 millones de euros para poner fin a demanda colectiva que los antiguos accionistas minoritarios de Consumer USA interpusieron en 2022, tras la recompra y posterior exclusión de Bolsa de la financiera estadounidense por parte de la matriz.
A ello se suman los dos frentes judiciales abiertos en Reino Unido en los últimos meses. Por una parte, el denominado ‘caso de los coches’, por el que la entidad ha provisionado 350 millones; y la reciente sentencia en el juicio con AXA por los seguros de protección de pago (PPI). Santander ha sido condenado a pagar a la aseguradora 600 millones de euros, sentencia que recurrirá.