Economía dará poderes al supervisor financiero sobre fusiones bancarias pero aborda con Bruselas la posibilidad de conservar a la vez su capacidad decisoria.
El Ministerio de Economía se prepara para conceder al Banco de España el control sobre las fusiones bancarias, dando cumplimiento así a la directiva europea sobre la materia que tenía pendiente adoptar, pero cuya transposición había quedado aparcada durante la ya fallida opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell.
El Ejecutivo, sin embargo, no está dispuesto a renunciar a su poder. Según confirman fuentes gubernamentales a EXPANSIÓN, el Gobierno explora con la Unión Europea la posibilidad de mantener en paralelo, al menos, parte de su cuota decisoria sobre las opas financieras.
El planteamiento del Ejecutivo llega en pleno abordaje de la transposición de la sexta directiva europea de requerimientos de capital bancario, la CRD VI, que incorpora al ordenamiento europeo la regulación bancaria de los acuerdos internacionales de Basilea III.
El texto establece expresamente que «los supervisores de las entidades de crédito han de poseer todas las facultades necesarias para ejercer sus cometidos respecto de las distintas operaciones que efectúen los entes supervisados», incluidas «la adquisición de participaciones significativas en entes del sector financiero y no financiero por parte de un ente supervisado, las transferencias significativas de activos y pasivos» y, particularmente, «las fusiones y escisiones en las que intervenga un ente supervisado», que «deben tratarse de forma automática como operaciones significativas».
La directiva es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE, a los que en junio de 2024 se dio 18 meses para adoptarla. Ocurre, sin embargo, que por aquel entonces se acababa de plantear en España la primera opa bancaria hostil de los últimos 40 años, la presentada por la entidad que preside Carlos Torres sobre la de Josep Oliu. El Gobierno, que desde el primer momento mostró un rechazo frontal a la operación, guardó la directiva en un cajón hasta que, rechazada mayoritariamente la pasada semana la oferta pública de BBVA, que solo aceptó el 25% del accionariado de Sabadell, se ha decidido a implementarla. Lo hará contrarreloj, como avanzó el martes EXPANSIÓN, puesto que el plazo límite para adaptar la legislación española a la regulación europea culmina el próximo 11 de enero, y aún tiene toda la tramitación por delante.
Desde Economía señalan que «en las próximas semanas» se llevará el anteproyecto en primera vuelta al Consejo de Ministros, tras el que se elevará a consulta pública durante unos días, antes de regresar a La Moncloa para la validación del texto del proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento para obtener la aprobación. Todo un reto en menos de tres meses y con el primer paso del proceso en vilo hasta que el Ejecutivo tantee la sensibilidad de Bruselas a su nueva tesis.
Criterios dispares
La interpretación que hace el Gobierno es que, si bien la directiva europea obliga a dar poderes sobre el control de las fusiones bancarias al supervisor financiero (en este caso el Banco de España, en primer término, y el BCE cuando se trate de entidades significativas), el texto no prohibiría expresamente que el Ejecutivo pueda mantener su voz en las opas.
En el caso de España, el Ministerio de Economía disfruta de amplias capacidades de control y veto sobre las opas y fusiones bancarias en virtud de la Ley de Solvencia de 2014, que han sido cuestionadas tanto por la Comisión Europea como por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este último ente viene criticando desde 2017 que semejantes poderes estén en manos del Gobierno, abogando por que «todas las cuestiones prudenciales no incluidas en el mandato del Mecanismo Único de Supervisión europeo estén bajo el control exclusivo o prevalente del Banco de España», incluyendo las fusiones. De hecho, el año pasado el FMI celebró que la directiva CRD VI tuviese «por objeto armonizar este aspecto en la UE», de forma que sean los supervisores financieros los que tengan el control, «en particular en las adquisiciones por parte de una entidad de crédito de una participación relevante en una entidad financiera o no financiera, la transferencia de activos o pasivos, y las fusiones o escisiones». Algo que, asumió, obligaría al Gobierno español a ceder las riendas al Banco de España.
No obstante, aunque fuentes oficiales aclaran que el texto de la transposición de la directiva CRD VI incorporará indudablemente la autorización del supervisor para las fusiones bancarias, está por ver que el Ministerio de Economía no pueda seguir teniendo cartas en el asunto.
La posición de Bruselas
El futuro de los poderes excepcionales del Gobierno sobre las fusiones bancarias dependerá de la postura que adopte la Comisión Europea frente a la interpretación que traslada Madrid.
De momento, la postura de Bruselas sobre la materia se encuentra en el expediente abierto por la Comisión contra la injerencia del Ejecutivo en la opa de BBVA sobre Sabadell (ver información ), en el que denuncia que la legislación «otorga al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos», vulnerando las competencias de lo supervisores y la regulación europea. La esperanza del Gobierno descansaría ahora en que acotar ese poder le permita conservarlo.
Economía ultima la respuesta al expediente comunitario por BBVA-Sabadell
A menos de una semana de que concluya el plazo que tiene para responder, el Gobierno ultima su carta de respuesta al expediente que le ha abierto la Comisión Europea por obstaculizar la oferta pública de adquisición hostil que BBVA lanzó, finalmente sin éxito, sobre Banco Sabadell. El Ejecutivo, que se opuso públicamente a la opa, dilató el proceso e impuso condiciones, como tres años -ampliables- sin fusión entre las entidades. Fuentes oficiales confirman que el Gobierno español tiene la intención de responder dentro del plazo extendido que le ha concedido Bruselas, y que expira el próximo miércoles 29 de octubre. Conviene recordar que la Comisión abrió el expediente el pasado mes de julio, dando dos meses al Gobierno español para contestar, pero luego accedió a una ampliación de plazo por seis semanas solicitada por Madrid.
La respuesta que ultima el Ministerio de Economía seguirá la estela de las declaraciones públicas de su responsable, Carlos Cuerpo, que viene defendiendo que «en ningún momento se ha impedido el desarrollo de esta operación» por parte del Gobierno, y que la regulación española es «plenamente compatible con la europea».
El procedimiento de infracción abierto en julio por la Comisión Europea contra España advierte, sin embargo, de que la ley española «otorga al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», incluyendo «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales», e instaba a España a subsanar las deficiencias y contestar en el plazo que ahora expira.