La Comisión Europea quiere capital privado para financiar la transición ecológica y digital y la Defensa y, para ello, reduce los requisitos de capital para las coinversiones con el sector público.
La Unión Europea vive un momento decisivo en el que enfrenta una importante pérdida de competitividad en un entorno geopolítico incierto. La Comisión Europea necesita la contribución de todos los agentes económicos para hacer frente a los desafíos y mira hacia los bancos y las aseguradoras para impulsar su potencia inversora.
Bruselas ha anunciado dos ajustes a las normativas que marcan las exigencias regulatorias de las entidades -Solvencia II para las aseguradoras y la CRR para los bancos-, con el objetivo de hacer menos costosa la inversión a largo plazo en empresas europeas. Pero no a todas.
«Se dará un trato prudencial más favorable a invertir en renta variable a través de programas legislativos», asegura la Comisión Europea, que explica que se trata de planes de inversión pública estructurados establecidos conforme al Derecho de la UE o nacional y que combinan el respaldo público (como garantías o coinversión) con financiación privada y mecanismos de supervisión claros.
El objetivo es incentivar la participación de dinero privado, abundante en Europa, pero muy poco movilizado, para apoyar sectores que desde la UE se consideran fundamentales para la competitividad y la seguridad de Europa, como las tecnologías limpias, la innovación digital y la Defensa.
«Las medidas anunciadas reconocen el papel esencial que pueden desempeñar los inversores institucionales, como bancos y aseguradoras, para apoyar las inversiones productivas e impulsar nuestra competitividad», asegura Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros de la Comisión Europea. «Nuestras medidas buscan facilitar el desarrollo económico de manera selectiva, no fomentar la asunción de riesgos descontrolados. Al impulsar el crecimiento, también contribuirán a que el sistema financiero sea más competitivo y resiliente», añade
Las ventajas a la hora de computar el coste de capital de los bancos y las aseguradoras se circunscriben a proyectos estructurados y coparticipados por el sector público o por agencias de desarrollo, que se presupone que ya cuentan con salvaguardas y chequeos para asegurar su viabilidad. De esta forma, los bancos y las aseguradoras estarían delegando parte de su función de guardián de la estabilidad financiera en organismos como la propia Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones o, a nivel nacional, instituciones como el ICO.
Las aseguradoras también tendrán ventaja a la hora de invertir en titulizaciones.
Bruselas trata de encontrar un equilibrio entre propulsar la inversión de los bancos y su efecto multiplicador sobre la economía con el respeto por las sólidas reglas establecidas tras la crisis financiera.
Tras la propuesta legislativa de la Comisión Europea, las medidas deben someterse a la ratificación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE en los próximos tres meses. Una mayoría cualificada sería suficiente para activar las ventajas para la inversión.