BBVA aguanta el pulso al Gobierno en los tribunales pese al fracaso de la opa sobre Sabadell. La entidad mantiene el recurso que presentó a mediados del pasado julio en el Tribunal Supremo contra el veto del Ejecutivo a la fusión con Sabadell.
Fuentes conocedoras de la situación detallan a EXPANSIÓN que, hasta la fecha, no ha habido ninguna novedad y que la causa sigue su marcha.
Fuentes oficiales declinaron hacer comentarios al respecto.
El Gobierno resolvió el pasado 24 de junio su análisis en fase tres de la operación de BBVA con Sabadell fijando una condición hasta ahora inédita: autorizó la compra del banco vallesano condicionada al mantenimiento de la personalidad jurídica, patrimonios separados y autonomía de gestión de ambas entidades durante un plazo mínimo de tres años, con la posibilidad de prorrogarlo por dos más.
BBVA aceptó la condición del Gobierno que, además, se sumaba a los compromisos acordados con la Autoridad de Competencia. Sin embargo, el mercado especuló desde el primer momento con la posibilidad de que el banco comprador recurriese la decisión del Consejo de Ministros ante la Justicia mientras continuaba con la opa. Y así sucedió.
BBVA optó por litigar contra el Gobierno basándose en la Ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativo. El artículo 25 de dicha norma permite a una persona jurídica recurrir decisiones de la Administración si se produce «indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos».
El equipo legal de la entidad, que está asesorado por el despacho Garrigues, considera que las trabas que fijó el Gobierno generan un «perjuicio irreparable» a sus intereses en la operación, ahora fallida, con Sabadell.
El descalabro de la opa -BBVA apenas obtuvo un 25% de los derechos de voto de Sabadell- germinó dudas acerca de la continuidad del recurso en el Supremo. Pero el banco ha optado por continuar con la batalla judicial porque el recurso no está asociado al éxito o fracaso de la opa.
Fuentes jurídicas señalan que la vía judicial es idónea si se quiere conseguir un cambio en la legislación o, al menos, que el Gobierno no interprete la norma como lo hizo en la operación con Sabadell, que es el objetivo de BBVA.
Las mismas fuentes explican que retirar el recurso no tendría sentido teniendo en cuenta que el Supremo lo admitió a trámite y que las partes interesadas ya presentaron la documentación necesaria.
El Ministerio de Economía aportó a principios de septiembre toda la documentación exigida por el Alto Tribunal.
Diversos expertos indican que el Tribunal Supremo podría tardar en el mejor de los casos entre un año y medio y dos años en pronunciarse sobre una causa en la que también está personado Sabadell, que requirió a la Justicia acceder a la información relativa al recurso.