Hace tres años el Tribunal de Cuentas emitió un informe sobre la formación para el empleo que impartían los agentes sociales. Ese documento, divulgado en plenas negociaciones para la reforma del sistema que se aprobó en 2015, puso de relieve diversas irregularidades, y sirvió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para abrir un proceso de devolución del dinero al concluir que había indicios de responsabilidad contable.
