La caída en la obra pública y el estallido de la burbuja inmobiliaria congelaron el negocio del cemento en España. Una industria que tocó suelo en 2012 y ahora empieza a repuntar, en gran medida gracias a la implantación en países emergentes necesitados de vivienda e infraestructuras. Tal es el caso de Cementos Molins, que el año pasado facturó 691 millones de euros (un 7% menos con respecto a 2015). Siete de cada diez euros ingresados en su caja provienen del exterior. La empresa familiar catalana planea invertir 350 millones en los próximos tres años para aumentar su producción en 4,4 toneladas de cemento.
