Las autoridades europeas han sabido encontrar una buena solución a la crisis de Banco Popular. Han adjudicado las pérdidas a los inversores de riesgo, han respetado a los depositantes y han asegurado la estabilidad del sistema financiero. De un plumazo han despachado la amenaza de contagio. Bastaba con aplicar la ley y contar con la colaboración de sector privado. La regulación financiera surgida de la crisis impone el sacrificio de accionistas y acreedores con el fin de evitar que bancos inviables sean rescatados por los contribuyentes. Dicho y hecho.
