“Un compañero siempre comenta que podemos ser usuarios de Cruz Roja [además de empleados] para así poder pagar la luz”. El humor negro de un delegado sindical de UGT para esta ONG resta dramatismo a los sueldos de 764 euros brutos que perciben algunos de sus 11.808 trabajadores. Pero la ironía revela una realidad sepultada por las grandes cifras de la mayor organización sin ánimo de lucro del país: 600 millones de presupuesto anual, 1.300.000 socios y 200.000 voluntarios. El dilema es claro: ¿Es lícito apelar a la moral de los ciudadanos para captarlos como socios mientras se ignoran los derechos laborales de sus propios trabajadores? ¿Se puede combatir la pobreza generando más pobreza?
