El colectivo —inspirado en el movimiento de las kellys, las camareras de piso que se han asociado contra la explotación en los hoteles— reúne a más de 100 mujeres que han decidido denunciar las condiciones laborales en las que han estado trabajando. El 11 de julio llevaron sus reivindicaciones al Congreso y reclamaron al Gobierno que actúe para acabar con esta situación de “semiesclavitud” en un sector que se ha nutrido de la economía sumergida y que en 2017 facturó 2.200 millones solo en la Comunidad Valenciana.
