Los falsos autónomos llevan tiempo en el punto de mira de la Administración y los tribunales. En el último año, la Inspección de Trabajo ha dado de alta como trabajadores a 11.013 repartidores de Glovo. El organismo le reclama, además, que abone 16,2 millones de euros por las cotizaciones impagadas durante este tiempo. Esta decisión vino después de que el Tribunal Supremo determinara por primera vez que la relación existente entre un repartidor de Glovo y su empresa tiene naturaleza laboral, declarando, por tanto, que estos riders son falsos autónomos.