Las ofensivas de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal de los últimos años han desatado unos efectos secundarios. Los Tribunales Económicos-Administrativos —los órganos dependientes del Ministerio de Hacienda que revisan la legalidad de las actuaciones de la Agencia Tributaria y cuyas decisiones sientan doctrina— están colapsados. Acumulan más de 300.000 reclamaciones pendientes de resolver y están sumidos en una situación que amenaza con hacer prescribir cientos de expedientes con el correspondiente perjuicio para las arcas públicas, según cálculos de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE).
