El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que puso 22.424 millones de euros de dinero público para el rescate de Bankia, y la propia entidad bancaria pugnan por recuperar para sus arcas los 12,5 millones de euros gastados por los consejeros y directivos de Caja Madrid con las tarjetas black entre los años 2003 y 2012. Tanto el fondo de rescate como el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, que ejercen la acusación particular en el juicio por las tarjetas, se han presentado como los principales perjudicados por el desfalco supuestamente perpetrado por 65 consejeros y directivos de la antigua caja madrileña durante las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
