
Los fondos se destinarán a luchar contra los efectos de la emergencia climática, como la sequía y la protección contra inundaciones, y a la ampliación de parque público de vivienda.
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado en los últimos años un giro a su política de endeudamiento, reduciendo el peso de la banca tradicional y reforzando la financiación a través de órganos de crédito oficiales. Esta apuesta va a más con el acuerdo que el alcalde, Jaume Collboni, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, firmaron este jueves en Luxemburgo.
En total, la entidad de la UE prestará 175 millones de euros para financiar actuaciones «clave» del Plan de Inversión Municipal (PIM) para el actual mandato 2024-2027. La relación concreta de los proyectos que se beneficiarán aún debe concretarse, pero el consistorio sí que informó sobre las líneas generales.
Entre ellas, preparar la ciudad ante los efectos de la emergencia climática, como inundaciones o la sequía, con depósitos de agua freática. También se remodelarán infraestructuras y edificios públicos como escuelas o mercados para que la ciudad sea más «resiliente e inclusiva» ante unas condiciones meteorológicas más adversas.
Otro foco serán las nuevas promociones de vivienda pública y asequible. «Acuerdos como el de ayer nos permitirán desarrollar estos programas de transformación de la ciudad», señaló Collboni.
Tras el estallido de la pandemia de Covid-19, el consistorio decidió apostó por una política expansiva del gasto público para dinamizar la economía, desencallando reformas que llevaban años pendientes como la de La Rambla, Via Laietana o Diagonal. Con fecha a 30 de septiembre, y excluyendo empresas públicas, la deuda del Ayuntamiento de Barcelona asciende a 996 millones, de las que casi la mitad (481 millones) están en manos del Banco del Consejo de Europa y el BEI.
Collboni dijo que el consistorio tiene una «alta solvencia financiera». Uno de los indicadores que suelen usar los técnicos municipales es el pago a proveedores a 17,4 días de promedio, frente a los 30 que marca la ley.