El descenso drástico de los beneficiarios del bono social telefónico, junto con la caída en picado de los solicitantes del nuevo bono social eléctrico, es una prueba más de que la administración pública gestiona con más negligencia de la debida las ayudas a los grupos de población con menos renta necesitados, igual que el resto de la población, de usar servicios públicos esenciales. El bono social telefónico es un descuento que se aplica a jubilados y pensionistas con rentas anuales anuales inferiores a 8.950 euros. En la práctica, se ha convertido en una ayuda estéril porque solo se concede a a los contratos individuales de teléfono fijo; basta que el fijo esté incluido en un contrado con otros servicios (como el móvil, la fibra o el ADSL) para que el usuario, por baja que sea su renta, no tenga derecho a él.
