El Gobierno fusionó en 2012 los reguladores (competencia, energía, telecomunicaciones, postal y ferrocarriles) con el argumento de ahorrar costes y evitar la llamada captura del regulador: que una agencia creada para defender el interés general actúe a favor de intereses políticos o de las empresas. Dos años después, el Ejecutivo vació de competencias la CNMC. Se arrogó, entre otras cosas, la potestad de fijar tarifas eléctricas y de gas, pese al veto de la UE.
