
La Comisión Europea considera que las disposiciones de las leyes en las que se apoyó el Gobierno para obstaculizar la operación son contrarias al derecho comunitario y deben cambiarse aunque la opa haya descarrilado.
La Comisión Europea ha observado al detalle los últimos acontecimientos del intento de BBVA de hacerse con Sabadell en España y cómo el poco apetito de vender entre los inversores ha marcado el final de la operación. Pese a que todo ha terminado en el mercado, el Ejecutivo comunitario considera que las decisiones del Gobierno de imponer restricciones adicionales, y las leyes que lo amparaban, siguen siendo contrarias al derecho comunitario y deben cambiarse, por lo que seguirá adelante con el procedimiento de infracción abierto en julio.
«Es importante tener claro que el procedimiento [de infracción] sigue en curso. Lo fundamental es tener presente que, cuando la Comisión decidió iniciarlo, lo hizo en relación a determinadas disposiciones de la legislación española que, en nuestra opinión, vulneran el derecho de la UE», ha expresado el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión Europea, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.
Bruselas considera que el final de la operación concreta, sobre cuyo resultado no se pronuncia, no quita que la legislación española esté vulnerando las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales, como la CNMV, algo que «infringe la normativa bancaria de la UE y restringiendo la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales». Por ese motivo, la Comisión Europea mantendrá el expediente abierto hasta que se adapte la legislación, el Ministerio de Economía aporte argumentos convincentes de por qué esto no es así o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie en una u otra dirección.
Sin respuesta
Por el momento, fuentes comunitarias aseguran que el Ministerio de Economía no ha ofrecido a Bruselas todavía una respuesta al inicio del procedimiento de infracción. La Comisión Europea abrió el expediente en julio y, a partir de entonces, el Gobierno contaba con dos meses para formular una respuesta y alegaciones. Representantes de la cartera de Carlos Cuerpo solicitaron al Ejecutivo comunitario una extensión de seis semanas -a la que se dio luz verde desde Bruselas- pero el tiempo se acaba y la carta española sigue sin llegar.
Si la situación no cambia, en las próximas semanas la Comisión Europea procederá a enviar un dictamen motivado. Se trata de una solicitud formal para que se modifique su legislación para alinearla con Europa y se solicita al país que informe de las medidas que va a adoptar en un plazo máximo de dos meses para subsanar la irregularidad.
Si el Gobierno siguiera sin satisfacer las exigencias de la UE, la Comisión podría optar por llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque cerca del 90% de los procedimientos de infracción se resuelve antes de llegar a este punto.
PARA SABER MÁS
Cuando la Comisión lleva a un país de la UE ante los tribunales, propone que se impongan sanciones económicas, que pueden consistir en una multa única o en una penalización periódica. El monto de las sanciones se calcula teniendo en cuenta la importancia de las normas infringidas y el impacto de la infracción en los intereses generales y particulares; el período de inaplicación del Derecho de la UE y la capacidad de pago del país, garantizando así un efecto disuasorio de las multas.
La multa mínima para España, en base a los datos actualizados anualmente, es de 7,5 millones de euros en caso de un pago único. En términos generales, la multa mínima del pago periódico es de 8.084 euros por día de incumplimiento. Si bien, aunque la Comisión hace una propuesta sobre cuál debería ser la sanción económica, es el TJUE el que tiene la última palabra.
En cualquier caso, el fin de este procedimiento no es multar o dañar económicamente a España u otros Estados Miembros, sino presionar para que se ponga fin cuanto antes a la infracción de las normas europeas adaptando la legislación.