La afortunada expresión de Max Weber que encabeza estas líneas —una alternativa a la de capitalismo clientelar— sería aplicable a buena parte del sistema económico español. En este marco institucional, el Estado, o quienes ejercen el poder político de hecho, protege a un determinado número de empresas utilizando distintas vías: asume el riesgo de las empresas, promulga regulaciones que les benefician, hace la vista gorda ante incumplimientos de normas o ante abusos, las favorecen en concursos y adjudicaciones, etcétera. Las consecuencias de estas prácticas sobre la eficiencia productiva, sobre la calidad del emprendimiento y sobre la distribución de la renta son bastante obvias.
