Hay propietarios que estos días regresan tras las vacaciones con el miedo a que su vivienda haya sido okupada ilegalmente. Y otros que cierran la puerta de su segunda residencia con el mismo temor. Porque «para uno de cada tres españoles que disponen de vivienda vacacional su mayor preocupación es que sea okupada, por delante del robo», según la encuesta del Instituto Sondea para Securitas Direct. Aunque este fenómeno, que se inicia con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, no se ciñe al verano. Quita el sueño todo el año a los tenedores de casas o edificios vacíos, algo que afecta tanto a particulares como a entidades financieras, Sareb, fondos de inversión, promotores y administraciones públicas. De hecho, solo la Comunidad de Madrid ha desembolsado cinco millones de euros en los dos últimos años en vigilancia, reparaciones, mediadores, policía y limpieza.
