Quizá la métrica actual no sea capaz de destapar la verdad de la milanesa: el consumo que existe pero que no se ve. Según datos recopilados por el economista Friedrich Schneider, el movimiento de dinero negro representaba en España el 18,6% del PIB en 2012, 196.000 millones de euros. La historia apunta a que, durante las crisis, las transacciones que no se declaran tienden a inflarse, pero la revolución digital añade nuevas incertidumbres ahora que la economía se recupera. «En el año 2013 se estimaba que sólo en Reino Unido las nuevas plataformas moverían 2.100 millones de libras. Dos años más tarde ya eran 7.400 millones», señala Javier Rovira, profesor del área de posgrado de ESIC. Las previsiones para 2020 aventuran que entre el 2% y el 3% del PIB mundial se basará en estas formas de consumo que priman el uso sobre la propiedad. El problema es que, como señala José Luis Groba, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, «son una fuente de fraude fiscal». Y no se refiere a las empresas que facilitan el intercambio de ofertas, sino más bien a los propios usuarios que no declaran los rendimientos económicos que obtienen a través de esos trueques. «La economía colaborativa tiene el mismo problema que cualquier otro sector emergente. Al principio hay cierto descontrol, las plataformas crecen muy rápido, pero son controlables en función de los requerimientos que hagamos a las empresas. Y hablamos de fraude fiscal, no de economía sumergida propiamente dicha, porque esta abarca otro tipo de irregularidades, incluidas actividades ilícitas».
