Los ayuntamientos están demostrando ser los alumnos más aventajados entre las administraciones públicas. Han cumplido holgadamente los objetivos de déficit (de hecho, en conjunto acumulan superávit) y están ajustando sus deudas. No siempre por voluntad propia: las estrictas normas que les aplica Hacienda han sido el verdadero acicate de muchos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el Gobierno en 2012 les impide aumentar el gasto y les insta a destinar los ahorros a reducir la deuda, gracias a un mecanismo conocido como regla de gasto.
