Reunir las reclamaciones financieras y la protección de los inversores en una Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversión Financiera es una idea defendible. Pero lo más importante para garantizar la utilidad de esta nueva agencia, cuya creación está pactada por el PP y Ciudadanos, será dotarla de independencia respecto del aparato administrativo (el ministerio de Economía, principalmente), facilitar suficientes recursos monetarios para que pueda actuar a instancias propias, salvaguardar un sistema de elección del equipo directivo que sea independiente del clientelismo político (por currículum y prestigio) y atribuirle competencias de acción e imposición de sanciones sobre las entidades en defensa de clientes e inversores.
