Más de 30 entidades y particulares sancionados por la CNMV y el Banco de España tienen recursos abiertos contra este castigo ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Deutsche Bank, BBVA e Ibercaja son integrantes destacados de la treintena de particulares y entidades que han recurrido en los tribunales sanciones que les ha impuesto la CNMV o el Banco de España.
La multa más contundente y la más reciente es la que impuso la CNMV a principio de 2025 a Deutsche Bank, un total de 10 millones de euros por dos infracciones muy graves centradas en la falta de información adecuada a los usuarios en el asesoramiento que dio a empresas españolas sobre derivados de divisas.
El banco recurrió la sanción ante la Audiencia Nacional,que rechazó la petición para suspender la ejecución de la penalización.
Este tribunal alegó en un auto que la sanción (dos multas de 5 millones cada una) no produce daño irreparable a Deutsche Bank ni lastra su situación económica.
La Audiencia tampoco ha retirado la prohibición de la CNMV para que el banco desarrolle su asesoría sobre estas inversiones.
BBVA ha recurrido al Tribunal Supremo la confirmación, en 2024, de la Audiencia Nacional de la sanción que le impuso el Banco de España, en 2021. Son dos multas, por un total de seis millones de euros, por cuestiones relacionadas con el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
Desproporción
Ibercaja está pendiente del recurso que ha interpuesto ante la Audiencia Nacional por considerar desproporcionada la sanción de cinco millones que le impuso el Banco de España en 2023 por remitir a este organismo «información inexacta sobre tipos de interés de operaciones de préstamos en España», según el supervisor.
Santander también tiene una cuenta pendiente en los tribunales por el recurso judicial a la sanción del Banco de España, que le impuso un castigo de 33.250 euros «por incumplir un requerimiento de este supervisor en materia de control interno».
UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), sociedad conjunta de Santander y BNP Paribas, ha recurrido ante la Audiencia Nacional un castigo del 700.000 euros impuesto por el Banco de España en 2023 por «deficiencias en su estructura organizativa y en sus mecanismos de control interno, así como por no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito al que estaba expuesta, todo lo cual puso en peligro la solvencia de la entidad».
Esta sanción aumenta en 180.000 euros si se añaden las multas impuestas también a varios directivos de UCI.
La entidad apunta que «ha cumplido escrupulosamente con los requerimientos de solvencia, por lo que en ningún momento ha existido riesgo alguno de compromiso de su solvencia».
Entre los particulares que han recurrido decisiones de la CNMV ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional figura el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta. Su penalización, de 2024, es de 110.000 euros por una infracción muy grave relacionada con Sniace, de la que vendió 1,1 millones de acciones y de la que tenía información privilegiada previa.
Pablo San José Casaseca ha llevado también su situación al ámbito judicial por la sanción que le impuso la CNMV por prácticas de manipulación sobre acciones de ADL Bionatur y sobre títulos de Lleidanetworks Services.
En este caso, la multa impuesta en 2025 es de 150.000 euros.
Un recorrido por la resolución de los tribunales a los recursos presentados por las entidades en los cinco últimos años deja a los supervisores como claros ganadores de estos contenciosos.
Sabadell vio desestimado en 2023 su recurso ante la Audiencia Nacional por una sanción de dos millones de euros. Se la impuso la CNMV por una infracción muy grave «por deficiencias en la información al evaluar la conveniencia de determinados clientes en la comercialización de productos financieros».
Deutsche Bank tampoco consiguió el apoyo judicial al que recurrió para anular la sanción de dos millones de euros que le impuso la CNMV en 2022 por una infracción grave por conflicto de interés en la recompra a clientes de bonos estructurados del propio grupo.
Sanciones de 82 millones a entidades financieras por blanqueo desde 2020
El Sepblac, organismo del Ministerio de Economía, encargado de detectar conductas relacionadas con el blanqueo de capitales, ha impuesto sanciones por 82 millones de euros a entidades financieras en España desde 2020.
El año pasado estas penalizaciones fueron en total de 22,60 millones de euros, un 8,8% menos que en el ejercicio precedente, cuando esta cifra se situó en 24,8 millones, la más elevada en los cinco últimos ejercicios.
Por el contrario, 2022 fue el año con el importe más bajo en sanciones acumuladas, con solo 3,28 millones.
A diferencia de lo que ocurre con el Banco de España y la CNMV, el Sepblac informa de las multas impuestas, pero no identifica a las entidades o los particulares sobre los que recae esta decisión.
El Consejo de Ministros, no obstante, sí puede hacer públicas las sanciones que pasan por su mesa. Es lo que ocurrió en febrero pasado con ING. Recibió un tirón de orejas de 3,9 millones de euros por incumplir el deber de comunicación de indicios de blanqueo tal como marca la normativa. La entidad acató esta decisión.
La mayor parte de las multas están relacionadas por incumplimientos de seguimiento, diligencia y comunicación de indicios de blanqueo de capitales.