El Ministerio de Empleo no solo ha chocado con los sindicatos y los empresarios por el reglamento que desarrolla la ley de de formación. También lo ha hecho con la mayoría de comunidades autónomas, que gestionan más de la mitad de los fondos del sistema. De hecho, diez de las 17 han suscrito un documento conjunto en el que, como los agentes sociales, rechazan “la forma unilateral” en el que Gobierno ha desarrollado el reglamento y le acusan de “profundizar en la privatización de la formación para desempleados”.
