El Gobierno ha publicado el borrador de real decreto que traspone la directiva comunitaria de mercados de instrumentos financieros (Mifid II por sus siglas en inglés). Esta legislación europea exige que los bancos, brókeres y asesores no puedan cobrar a espaldas del cliente una comisión del fondo que han colocado, algo que incentivaba que se ofreciesen los productos financieros no en virtud de sus expectativas de rendimiento sino en función de la comisión que el fondo compartía con el banco, lo que en la jerga se conoce como retrocesión.
