Una vez fracasada la opa de BBVA sobre Sabadell, el Gobierno prevé impulsar «en las próximas semanas» la cesión del control de fusiones bancarias al supervisor financiero que Bruselas mandaba tener lista antes del 11 de enero.
Frustrada la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, el Gobierno se dispone a ceder su capacidad de veto sobre este tipo de operaciones. El traspaso al supervisor financiero del control sobre las fusiones bancarias forma parte de una directiva europea de 2024, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, que Bruselas ha dado hasta enero de 2026 para adoptar.
El Ejecutivo, que ha apurado los plazos a la espera de la resolución de la primera opa hostil de la banca española en los últimos 40 años, a la que se ha opuesto frontalmente, promete ahora iniciar la transposición de la norma europea «en las próximas semanas», en la que será una carrera a contrarreloj para tratar de evitar una multa comunitaria por incumplir el plazo límite.
La normativa en cuestión, que España tiene ya menos de tres meses para transponer, es la sexta directiva europea de requerimientos de capital bancario, la llamada CRD VI, que implementa las últimas disposiciones de Basilea III.
El texto comunitario establece que «los supervisores de las entidades de crédito han de poseer todas las facultades necesarias para ejercer sus cometidos respecto de las distintas operaciones que efectúen los entes supervisados», incluyendo «operaciones significativas», «la adquisición de participaciones significativas en entes del sector financiero y no financiero por parte de un ente supervisado, las transferencias» de «activos y pasivos» y «las fusiones y escisiones».
Una vez adaptada la legislación española, por tanto, el control de las opas pasaría a manos del Banco de España o, en el caso de entidades significativas como lo es BBVA, directamente al Banco Central Europeo. La norma quedó lista para su transposición por los Estados miembros en junio de 2024, solo unas semanas después de que el banco vasco lanzara su oferta hostil sobre el catalán, pero teniendo 18 meses de plazo por delante, el Gobierno ha esperado hasta ahora para ponerse manos a la obra.
Desde el Ministerio de Economía confirman que, aunque «se sigue trabajando» en la redacción del texto de transposición de la directiva europea, «en las próximas semanas se espera poder llevarlo en primera vuelta al Consejo de Ministros».
Es decir, que en cuestión de días se aprobará un primer anteproyecto de ley que, explican, habrá que «sacar a audiencia pública», para recabar las aportaciones de terceros, antes de aprobar el texto definitivo del proyecto de ley y remitirlo a las Cortes para su tramitación exprés. Con todo, lo ajustado de los plazos y la debilidad parlamentaria del Gobierno prometen complicar la capacidad de España de cumplir con la adaptación de la legislación nacional al mandato europeo antes del plazo límite del 11 de enero de 2026, por lo que el país se juega una multa.
Las amplias capacidades de control y veto de las fusiones bancarias de las que sigue disfrutando actualmente el Ministerio de Economía español emanan de la Ley de Solvencia de 2014, y han sido objeto de duras críticas tanto por parte de la Comisión Europea como del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así, de un lado, el expediente comunitario abierto en julio a España por interferir en la opa de BBVA sobre Sabadell advierte de que «la Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE».
Por su parte, el FMI lleva desde 2017 afeando, tanto a ejecutivos de Mariano Rajoy como a los de Pedro Sánchez, que el Gobierno español se reserve la última palabra en las fusiones bancarias, conminándoles a reformar la legislación. En su último apercibimiento, como adelanto este diario en junio de 2024, el Fondo Monetario celebraba que la directiva CRD VI «tiene por objeto armonizar este aspecto en la Unión Europea», asumiendo que su transposición obligaría a España a modificar su regulación.
Conviene recordar que el Gobierno ha aprovechado sus facultades para dilatar los procesos y poner serias cortapisas a la opa de BBVA sobre Sabadell, especialmente incómoda para sus socios del independentismo catalán, imponiendo por ejemplo a la entidad que preside Carlos Torres la obligación de mantener durante tres años -ampliables dos más- la marca e individualidad del banco de Josep Oliu.
Con todo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la regulación española es «plenamente compatible con la europea» y que «en ningún momento se ha impedido el desarrollo de esta operación». Teniendo en cuenta su postura, convendrá estudiar con atención la letra pequeña de la transposición para ver el grado de cesión del control que plantea el Gobierno.