El informe emitido por el Departamento de Instituciones Financieras-Dirección General de Regulación se oponía a que se incumpliesen tanto el Código de Comercio como las normas contables españolas y europeas, por las cuales las pérdidas de las siete cajas (9.207 millones de euros) debían cargarse en sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias de 2010 y no contra sus reservas. En cambio, el Departamento de Inspección-Dirección General de Supervisión se mostró favorable a dicho incumplimiento ante los riesgos que suponía reflejar pérdidas en todas y cada una de las siete cajas.
