Condiciones más laxas ayudarían a firmar unos 36.000 préstamos adicionales cada año a primeros compradores.
La Autoridad de Regulación Prudencial de Reino Unido (PRA, por sus siglas en inglés) va a revisar los requerimientos en la concesión de hipotecas consideradas de riesgo, lo que podría ayudar a que unos 36.000 primeros compradores puedan acceder a este tipo de productos anualmente.
Nuevas normas que prepara la entidad, dependiente del Banco de Inglaterra, implican que los bancos y las building societies (similares a las cajas en España) podrán ampliar el porcentaje de hipotecas loan-to-income (LTI), esto es, aquellos préstamos que superan en 4,5 veces el salario bruto del comprador.
Los últimos datos señalan que este segmento tiene un peso del 9,7% en las nuevas hipotecas que se firman, aunque se espera que este mercado alcance el 11% este mismo año. La intención de la PRA es que cada entidad pueda llegar hasta el 15%. El Banco de Inglaterra quiere que las entidades usen toda la capacidad en hipotecas con un riesgo controlado.
Debe tenerse en cuenta que, en el caso de los dos bancos de capital español en Reino Unido -Santander UK y TSB, aunque el primero va a comprar el segundo-, el negocio de las hipotecas supone más del 90% de su actividad.
Garantías públicas para comprar hipotecas
Uno de los problemas para los jóvenes es que el 80% de los potenciales compradores no llega al depósito del 5% que se requiere para adquirir una vivienda. En este sentido, el Gobierno laborista prevé lanzar un esquema permanente de garantías -que se denominará Libertad para Comprar y que es la continuación del que aplicaron los conservadores en 2021-, por el que el Estado cubrirá las pérdidas que un banco pueda tener en las hipotecas por el 95%del precio de una vivienda si esta termina en manos de la entidad por impago.
El Gobierno británico está impulsando medidas para animar a la banca a tomar más riesgos porque considera que, al ser asumibles, puede incrementar su beneficio y animar el mercado inmobiliario, caracterizado por la escasez de vivienda y los precios muy elevados.
Otra medida del Ejecutivo laborista se refiere a la presión para que los fondos de pensiones inviertan más en activos británicos, como acciones. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, se mostró ayer en contra de que Downing Street pueda forzarles. «No apoyo el mandato y no creo que sea adecuado», afirmó.