Los informes secretos sobre la valoración del Banco Popular ya son públicos. Más o menos: no todos. Y los desclasificados esconden todavía los datos más importantes. Los fondos y accionistas que perdieron toda inversión con la resolución del Popular y hasta los partidos políticos españoles en el Congreso pidieron esa información, pero la Junta de Resolución Bancaria mantenía en secreto el informe de valoración, redactado por Deloitte, que sirvió para tomar la decisión la noche del 6 de junio, cuando se liquidó la entidad, que acabó subastada y en manos del Santander por el módico precio de un euro. La Junta de Resolución acaba de hacer público una batería de informes, aunque alega motivos de confidencialidad para mantener ocultos tanto la valoración definitiva como varios datos fundamentales. El informe está plagado de borrones que mantienen oculto, entre otras cosas, el importe de la liquidez de emergencia del BCE a la que tuvo acceso el banco, la salida de depósitos e incluso lo que hubieran recuperado los acreedores en caso de insolvencia ordinaria. El lápiz negro usado con profusión por los censores anticipa que el alud de demandas contra la Junta de Resolución y las autoridades competentes seguirá su curso.
