Los servicios públicos de empleo no funcionan como deberían. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa tras el análisis de los datos ofrecidos por el Gobierno español desde 2011 hasta 2014. El Comité, que vigila que los Gobiernos actúen en conformidad a los derechos incluidos en la carta firmada en 1961 por 34 países, ha calificado por segunda vez consecutiva de ineficiente a los servicios públicos españoles. El Comité reprocha no tener suficientes “indicadores de rendimiento” de la gestión compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ya que España no ha incluido en su informe estadísticas acerca del número de empleos creados, al número de las ofertas recibidas y del promedio del tiempo de espera para un desempleado de encontrar una ocupación.
