El Tribunal Constitucional (TC) le ha dado este miércoles la razón al Gobierno Vasco en su recurso contra el Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo, que prevé una ayuda extraordinaria de 426 euros para desempleados de larga duración, y lo ha anulado parcialmente porque invade competencias autonómicas. Sin embargo, el fallo del alto tribunal «no afecta a la subsistencia y a la continuación en la concesión de las ayudas económicas», según indica la sentencia, de manera que quienes cobraban los 426 euros lo seguirán haciendo. La diferencia principal es que la gestión de la prestación recaerá a partir de ahora en manos de los ejecutivos autonómicos.
