Esta semana es decisiva para el futuro de Bankia y CaixaBank. Si todo sale como está previsto, el próximo domingo 13 de septiembre, los consejos de administración de ambas entidades se reunirán para aprobar su fusión, aunque será a finales de octubre, también según el calendario previsto pero totalmente modificable, cuando las respectivas juntas extraordinarias de accionistas deberán ratificar la fusión.
Culminará así un proceso que se inició entre enero y febrero de este año, cuando la pandemia no había hecho aún acto de presencia a nivel internacional y solo era un problema para China. Varias fuentes implicadas en las negociaciones desvinculan así esta operación de la crisis del coronavirus, aunque es cierto que con el Covid a la negativa influencia para el negocio bancario de unos tipos de interés bajo cero se le unió la parálisis de la economía, lo que agravaba la salud de la banca.
Los primeros contactos fueron impulsados por el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, el presidente del FROB, que controla casi el 62% del capital de Bankia, Jaime Ponce, y por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La participación del BCE en este proceso ha sido prácticamente nula.
En junio se intensificaron los contactos, aunque no fue hasta hace unas semanas, cuando se contrataron los servicios de los bancos de inversión para realizar la due dilligence de la operación.
Ahora, gran parte de los números están hechos, pero quedan flecos muy importantes para que la operación llegue a buen puerto. Uno de ellos es cerrar la prima que CaixaBank pagará a los accionistas de Bankia por su absorción. El FROB reclama inicialmente una prima del 20% sobre el valor de la cotización: el viernes Bankia subió un 33% y CaixaBank y 12%.
La operación se llevará a cabo sin ampliación de capital en efectivo, y el coste de la reestructuración, con la salida de 7.000 a 8.000 empleados en tres años, de una plantilla de unos 44.000 trabajadores (sin contar las filiales del grupo), y el cierre de 1.500 oficinas, de unas 6.600 que suman entre las dos entidades, irán a cargo de la cuenta de resultados.
Además, tanto CaixaBank como Bankia cuentan con excedente de capital. Otro punto también clave que queda por cerrar es el organigrama y el consejo de administración. De momento, y si no cambian las cosas en los próximos días el actual presidente de CaixaBank, Jordi Gual, queda fuera de la futura entidad, lo mismo que el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
El presidente del futuro banco será José Ignacio Goirigolzarri, que contará con funciones ejecutivas, aunque sus funciones estarán limitadas. Gonzalo Gortázar, actual consejero delegado de CaixaBank, repetirá cargo en la nueva entidad, y en la práctica tendrá más funciones que el presidente, algo que fuentes implicadas en las negociaciones consideran lógico, ya que es la entidad catalana la que adquiere Bankia. Por esta razón el organigrama estará dominado por directivos de CaixaBank, lo mismo que el consejo, también ahora en pleno diseño.
El mayor accionista de la sociedad será la Fundación La Caixa, que a través de Criteria controlará en torno al 30% de la nueva entidad. Mientras tanto, el Estado, a través del Frob, quedará relegado a entre un 14% y un 16% de la nueva CaixaBank-Bankia.
